Ciberseguridad en el sector público: cómo enfrentar las crecientes amenazas digitales

En cada comuna, provincia o región, las entidades del sector público desempeñan un papel fundamental al facilitar servicios esenciales para la vida diaria. Desde la gestión de recursos hasta el manejo de valiosa información de los ciudadanos, la digitalización está transformando la manera en que operan. 

Sin embargo, estos cambios también han traído una serie de desafíos: el aumento exponencial de las ciberamenazas en el sector, debido a lo atractivo que resultan entidades como municipios, ministerios y otras entidades gubernamentales para los delincuentes. 

Lo más preocupante es que las consecuencias de un ataque van mucho más allá de la interrupción de servicios, mermando la confianza de las personas, al poner en riesgo su privacidad, además de las pérdidas económicas que esto representa. Cybersecurity Ventures predice que solo el ransomware costará a sus víctimas alrededor de 265 mil millones de dólares anuales para 2031. 

A nivel mundial, la tendencia es inquietante. De acuerdo al último informe de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), la administración pública lidera los sectores más atacados, con un 19% de los eventos; seguido por Transporte (11%) y Finanzas (9%). 

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Ciberamenazas más comunes para las entidades públicas 

En Chile, la situación no es tan diferente, puesto que las ciberamenazas representan un desafío crítico para las instituciones públicas, afectando su capacidad operativa y la confianza de los ciudadanos. 

Según estadísticas del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), hasta septiembre de 2023 se reportaron 1.990 incidentes de seguridad informática en estas entidades. Este dato subraya la urgencia de fortalecer las defensas digitales, especialmente frente a amenazas como ransomware y phishing, que se han vuelto cada vez más sofisticadas.

El ransomware es particularmente alarmante debido a su impacto tanto financiero como operativo. Un caso destacado ocurrió en agosto de 2022, cuando una institución pública chilena sufrió un ataque que paralizó sus operaciones durante varios días, poniendo en riesgo información sensible de miles de ciudadanos. Este tipo de ataques no solo afecta la continuidad del servicio, sino que también genera costos elevados asociados a la recuperación de sistemas y datos.

Por su parte, los ataques de phishing siguen siendo una amenaza constante. Diseñados para engañar a los empleados y obtener acceso no autorizado a las redes institucionales, estos ataques son especialmente efectivos en entornos de trabajo remoto, donde la falta de capacitación en ciberseguridad puede aumentar la vulnerabilidad. La ingeniería social utilizada en el phishing evoluciona constantemente, haciendo que incluso los usuarios más precavidos puedan ser víctimas.

Otra amenaza relevante son los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), que buscan saturar los servidores y sistemas críticos, dejándolos inoperativos. Este tipo de ataque puede interrumpir servicios esenciales, lo que genera consecuencias graves no solo para las instituciones, sino también para la sociedad en general. Cuando los servicios digitales fallan, la seguridad de los datos se ve comprometida y la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas disminuye significativamente.

Ante este panorama, resulta imperativo que las instituciones públicas en Chile adopten un enfoque proactivo para mitigar estas amenazas. Esto incluye implementar estrategias robustas de ciberseguridad, capacitar al personal en prácticas seguras y fortalecer las infraestructuras tecnológicas para garantizar la continuidad operativa y la protección de la información de los ciudadanos.

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La importancia de una estrategia de ciberseguridad integral

Frente a las crecientes ciberamenazas, desarrollar una estrategia de ciberseguridad integral es esencial. Esta no debe limitarse al ámbito técnico, sino considerarse un asunto estratégico y de gestión que involucre a todos los niveles de la organización, desde las autoridades principales hasta el personal operativo.

En Chile, la Ley Nº 21.180 de Transformación Digital del Estado establece la modernización obligatoria de los sistemas de información públicos. Sin embargo, muchas entidades aún enfrentan obstáculos significativos para cumplir con estos mandatos, principalmente debido a restricciones presupuestarias y la falta de personal especializado. Estas limitaciones subrayan la necesidad de una planificación estratégica que permita optimizar los recursos disponibles.

Uno de los pilares de esta estrategia debe ser una evaluación de riesgos exhaustiva. Identificar los activos más críticos y evaluar su vulnerabilidad ante posibles amenazas es el primer paso para implementar medidas de protección eficaces. Este análisis proporciona una base sólida para priorizar esfuerzos y asignar recursos de manera adecuada.

La capacitación del personal es otro componente crucial. Los errores humanos, como caer en ataques de phishing o utilizar contraseñas débiles, son responsables de un alto porcentaje de las brechas de seguridad. Implementar programas continuos de formación para crear conciencia sobre prácticas seguras y fomentar una cultura organizacional orientada a la ciberseguridad puede marcar una diferencia significativa.

Adicionalmente, contar con un protocolo de respuesta a incidentes es fundamental. Políticas claras y procedimientos específicos que establezcan las acciones a seguir en caso de un ataque no solo mitigan el impacto, sino que también reducen los tiempos de recuperación y garantizan la continuidad operativa, lo cual es crítico en sectores públicos que proveen servicios esenciales.

Finalmente, colaborar con expertos en ciberseguridad es clave para enfrentar estos desafíos. Las empresas especializadas pueden ofrecer las herramientas avanzadas y el conocimiento técnico necesario para prevenir ataques o minimizar su impacto. Estas alianzas estratégicas representan una inversión indispensable para fortalecer la resiliencia de las instituciones públicas y proteger tanto su infraestructura como la confianza de los ciudadanos.

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Tecnoera: socio estratégico para impulsar la seguridad de la información

Frente a estas crecientes amenazas, Tecnoera se posiciona como un aliado estratégico para el sector público en Chile. Nuestra experiencia en seguridad de la información nos permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de municipios y otras entidades gubernamentales.

Entre las principales ventajas que ofrecemos se encuentran:

1. Servicios de monitoreo constante: Gracias a tecnología avanzada, Tecnoera permite detectar actividades sospechosas en tiempo real, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta ante incidentes.
2. Consultoría personalizada: Diseño de estrategias adaptadas a las necesidades específicas de cada institución, asegurando que se cumplan los estándares internacionales de seguridad.
3. Infraestructura robusta: Soluciones que garantizan la integridad de los datos y minimizan las vulnerabilidades en sistemas críticos.
4. Capacitación continua: Programas diseñados para que el personal público esté preparado para enfrentar ciberamenazas, fomentando una cultura de ciberseguridad.
5. Amplia experiencia trabajando con instituciones gubernamentales: Entendemos a la perfección las particularidades y desafíos que tiene el sector público. 

En Tecnoera, estamos comprometidos con la protección de los datos públicos y con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la era digital, con el propósito de construir un ecosistema más seguro y resiliente frente a las crecientes amenazas digitales.

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