Escrito por
Isabel Arrieta
Fecha de publicación
March 12, 2025
La seguridad cibernética y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para las empresas en Chile, especialmente en un contexto donde las amenazas digitales crecen y se complejizan cada día. Como respuesta a esta realidad, el país ha experimentado importantes cambios legales en los últimos años, obligando a las organizaciones a adoptar estrategias más robustas en la protección de datos y gestión de riesgos.
Dentro de las nuevas normativas se encuentra la Ley Marco de Ciberseguridad, homologada en abril de 2024, que establece directrices específicas para que las compañías refuercen sus protocolos de seguridad digital. Aquellas identificadas como Operadores de Infraestructura Crítica de la Información deben adoptar estándares más estrictos y reportar incidentes que puedan comprometer la estabilidad del ecosistema digital del país.
A esto se suma la nueva Ley de Protección de Datos Personales, publicada en diciembre de 2024, que moderniza la regulación del tratamiento de datos y la alinea con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Con la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, se introduce un nuevo nivel de supervisión y sanciones para aquellas organizaciones que no cumplan con los derechos de los ciudadanos sobre su información. Aunque esta ley entrará en vigor en 2026, las empresas deben comenzar desde ahora a ajustar sus procesos.
Finalmente, la Ley de Delitos Económicos amplía la responsabilidad penal de las empresas, obligándolas a desarrollar Modelos de Prevención de Delitos que mitiguen los riesgos de corrupción, fraude y otros ilícitos financieros. Estas normativas no solo buscan mayor transparencia, sino que también refuerzan la necesidad de un enfoque integral en la gestión de riesgos y seguridad de la información.
Sin duda, la protección de datos y la responsabilidad corporativa han adquirido un rol central en la estrategia empresarial, obligando a las organizaciones a incorporar políticas de seguridad de la información y capacitaciones continuas para su personal. La implementación de tecnologías de cifrado, la gestión segura de identidades digitales y el desarrollo de planes de respuesta ante incidentes se han convertido en aspectos fundamentales para garantizar la resiliencia operativa.
Las organizaciones que entienden el cumplimiento normativo como una oportunidad y no solo como un requisito legal pueden fortalecer su competitividad y reputación en el mercado. Sin embargo, adaptarse a estas nuevas leyes implica también un cambio de mentalidad dentro de los equipos.
En este escenario, el papel de los Chief Information Security Officers (CISOs) y Compliance Officers es cada vez más estratégico. Estos líderes no solo deben garantizar el cumplimiento de la legislación, sino que también deben diseñar estrategias de resiliencia digital que permitan a las empresas reaccionar de manera eficaz ante incidentes de seguridad. Su labor consiste en evaluar constantemente los riesgos, aplicar controles de seguridad y desarrollar planes de acción para mitigar amenazas antes de que se conviertan en crisis.
Para enfrentar este nuevo entorno regulatorio, las empresas en Chile deben actuar con rapidez y precisión. La primera tarea es realizar auditorías de cumplimiento para identificar vulnerabilidades y diseñar planes de acción que permitan mitigar riesgos. Esto implica no solo revisar los sistemas de seguridad, sino también evaluar la cultura organizacional en torno a la ciberseguridad.
Invertir en tecnología es fundamental, pero no suficiente. La capacitación del talento humano juega un papel clave en la prevención de incidentes de seguridad. Las mejores estrategias tecnológicas pueden fallar si los equipos de trabajo no están preparados para reconocer y responder a amenazas potenciales. Por ello, los programas de formación en ciberseguridad y normativas deben convertirse en una prioridad en la agenda corporativa.
Además, establecer alianzas con expertos en seguridad y derecho puede facilitar la implementación de modelos de cumplimiento eficaces. Contar con el apoyo de consultores especializados permite adaptar las estrategias a las particularidades de cada empresa y garantizar que las prácticas de seguridad cumplan con los más altos estándares internacionales.
El entorno regulatorio en Chile está evolucionando rápidamente, y las empresas que no se adapten corren el riesgo de enfrentar sanciones y perder competitividad. Sin embargo, aquellas organizaciones que integren el cumplimiento normativo y la seguridad de la información en su estrategia empresarial no sólo garantizarán su continuidad operativa, sino que también fortalecerán su posición en el mercado.
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